El debate sobre el reconocimiento de los apaches (Ndé/N’nee/Ndé) como el quinto pueblo indígena de Chihuahua ha tomado un tinte oscuro que va más allá de la discusión académica. Detrás de los argumentos técnicos que intentan descalificar la legítima autoadscripción de esta comunidad golpeada por siglos de genocidio, se esconden los rostros de la alta burocracia estatal. Rostros que, desde el privilegio económico y el confort de un escritorio, dictan quién tiene derecho a existir en la legalidad de nuestro estado.
El caso más alarmante es el de Federico Julián Mancera Valencia, subdirector académico del Centro de Investigación y Docencia de SEECH y miembro del Comité Técnico de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura. De acuerdo con los datos oficiales de la Plataforma Nacional de Transparencia, Mancera Valencia percibió en 2025 un sueldo bruto mensual superior a los $290,021.96 pesos.
Esta cifra no solo resulta ofensiva en un estado con profundas carencias sociales, sino que se encuentra abiertamente fuera de los márgenes de la ley, vulnerando el principio de austeridad y los topes salariales constitucionales que dictan que ningún funcionario local puede ganar más que el Presidente de la República o el Gobernador del Estado. Resulta una contradicción ética brutal que un empleado de la administración de María Eugenia «Maru» Campos Galván, cuyo salario es pagado con los impuestos de los chihuahuenses, utilice la plataforma y la investidura que el Estado le otorga para atentar contra los derechos de las comunidades más vulnerables.
En sus recientes declaraciones públicas, Mancera Valencia criticó con severidad el dictamen del Congreso local. Con un lenguaje que evoca el reduccionismo colonial, se refirió al pueblo apache bajo el término de «forrajeros», cuestionando su derecho al territorio debido a su naturaleza históricamente nómada. Al hacerlo, el funcionario de la administración de Maru Campos incurre en una falta grave a los derechos indígenas internacionales: evalúa la riqueza y la persistencia de las culturas de Aridoamérica con un molde eurocéntrico y sedentario, ignorando que la movilidad estacional era la base de su supervivencia antes de que el Estado trazara fronteras artificiales.
Lo que Mancera Valencia parece olvidar desde su posición de opulencia es que la falta de «continuidad documental» o el silencio lingüístico que tanto critica no son una elección de la comunidad Ndé, sino la cicatriz directa de las campañas de exterminio, el terror institucionalizado y las contratas de sangre del siglo XIX. Exigirle a los descendientes sobrevivientes que demuestren una pureza estadística ininterrumpida ante el mismo aparato estatal que los persiguió es un acto de crueldad metodológica y revictimización institucional.
Mientras el Poder Judicial de la Federación ya ha sentado precedentes de avanzada en nuestro estado (otorgando mediante juicio de amparo la protección a los «Ojos del Chuvíscar» como sitio sagrado gracias a la defensa de una comunidad con legítima autoadscripción), la burocracia dorada de la Secretaría de Cultura insiste en cerrar las puertas de la justicia restaurativa.
Chihuahua no puede permitir que sus políticas culturales y de derechos humanos sean dictadas por funcionarios desconectados de la realidad social, cuyos salarios extralegales financian discursos de exclusión. El proceso de reagrupamiento y rescate de las tradiciones del pueblo Ndé es un derecho soberano protegido por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Mexicana. La identidad y la dignidad de un pueblo originario no se pueden congelar ni borrar por el plumazo, o el capricho de un burócrata de 290 mil pesos mensuales.
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