La diputada local, la morenista, Brenda Ríos, realizó un posicionamiento ante el ataque del Sendor Juan Carlos Loera de la Rosa a la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González. Además de afirmar que el funcionario federal a atacado de forma sistemática y exclusivamente a mujeres.
POSICIONAMIENTO PÚBLICO
Como diputada local de Morena, considero necesario señalar que las versiones difundidas recientemente en contra de la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González, ya han sido desmentidas por ella misma. A pesar de ello, persiste una evidente campaña de desinformación en su contra, no por hechos comprobables, sino por lo que representa como Presidenta Municipal surgida del movimiento.
Lo que hoy observamos no es un debate legítimo ni una búsqueda de verdad. Es un trato desproporcionado y reiterado que responde a una lógica de persecución política contra una Presidenta Municipal, mientras en otros municipios del estado —incluida la capital— la violencia ha sido particularmente grave sin recibir el mismo tratamiento ni el mismo señalamiento.
Es importante decirlo con toda claridad: solicitar el apoyo de fuerzas federales ante contextos de violencia no es “llorar”. Es cooperación institucional entre órdenes de gobierno para proteger a la población y avanzar en la construcción de paz, especialmente en regiones históricamente olvidadas y atravesadas por dinámicas complejas de violencia.
Preocupa, además, que voces del ámbito legislativo, en particular un legislador que de manera reiterada ha dirigido sus ataques exclusivamente contra mujeres del movimiento, opten por amplificar versiones falsas ya desmentidas, publicando cómodamente desde El Paso Texas; mientras que en la Sierra de Chihuahua hay comunidades enfrentando miedo, desplazamiento y riesgos reales. La distancia territorial no puede convertirse en distancia ética ni en ausencia de solidaridad con quienes están enfrentando la crisis en el territorio.
Debe quedar claro: la desinformación no es justicia, ni la presión mediática sustituye al trabajo institucional serio. Las autoridades están obligadas a actuar con responsabilidad, objetividad y apego a los derechos humanos.
Quienes hoy ejercemos responsabilidades públicas no podemos aceptar que se normalicen ataques sistemáticos contra mujeres ni campañas de descrédito como forma de hacer política. Eso vulnera derechos y debilita la democracia.
Por ello, expreso mi respaldo total a la presidenta municipal Ana Laura González, como autoridad legítima y como compañera del movimiento, frente a cualquier intento de hostigamiento político o descalificación basada en mentiras.
Desde el Congreso del Estado hago un llamado firme a que las diferencias políticas se procesen por vías institucionales y a que se detenga cualquier forma de criminalización política incompatible con un Estado democrático de derecho.
Cooperación sí; persecución no.