El monto desviado únicamente por el exgobernador de Chihuahua supera los mil millones de pesos, cuya recuperación se encuentra en proceso como parte de las investigaciones de la Operación Justicia realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la presentación del Informe de Actividades 2016-2021, que encabezó el fiscal César Augusto Peniche Espejel en el patio central de Palacio de Gobierno, se hizo un recuento de los logros en el combate a la corrupción y se destacó que se han recuperado al menos 1,260 millones de pesos, por las vías fiscal, administrativa y penal.
Peniche Espejel, dijo que la puesta en marcha de la Operación Justicia para Chihuahua, marcó un precedente nacional en el combate a la corrupción y la impunidad, que consistió en la integración de un equipo multidisciplinario para detectar, investigar y perseguir diversas conductas delictivas, cometidas por funcionarios del sexenio anterior.
“Se diseñó en conjunto con la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Hacienda, una estrategia basada en tres líneas de acción, con tres líneas de trabajo; el primero, el rubro de las acciones de carácter fiscal; el segundo, las acciones de carácter administrativo y en tercer término, las investigaciones por delitos en el orden penal”, explicó.
Por lo tanto, consideró que la Operación representa tal vez el esfuerzo más grande a nivel nacional, para de verdad y sin simulaciones, perseguir de manera real a la corrupción.
De acuerdo con la información presentada en el Informe, se ha acreditado ante tribunales la forma en que se orquestó el apoderamiento, desvío y disposición de cuantiosas cantidades de dinero del erario bajo un modelo de asociación delictuosa, encabezado por el exgobernador.
La investigación ubicó 27 esquemas agresivos de evasión con 383 contribuyentes involucrados en operaciones con Gobierno del Estado, así como 127 proveedores directos y 238 que fungieron como proveedores de otros proveedores, en una trama de corrupción tejida por el exgobernador.
Se realizaron 140 auditorías fiscales, en las que en primera instancia se verificó que tuvieran bienes para responder a su responsabilidad de evasión fiscal.
Esto dio como resultado la recuperación y garantía para el Estado, de 307 millones 129 mil pesos, que incluye los 105 millones de pesos cobrados en “autocorrección” de los contribuyentes, es decir, que pagaron antes que enfrentarse a la justicia.
Durante 2017 se recuperaron 3 millones 392 mil 414 pesos (de investigaciones iniciadas a finales de 2016), en 2018 el monto de lo recuperado aumentó a 79 millones 531 mil 212 pesos y se aseguraron más de 118 millones de pesos.
Por la vía fiscal se embargaron 16 lotes urbanos y residenciales; seis residencias, cinco condominios, cuatro parcelas, cuatro locales comerciales y un solar urbano, todo con un valor catastral de 101 millones 319 mil 499 pesos y un valor actual estimado en más de 257 millones de pesos.
Para 2020 se ejerció acción penal contra 41 exservidores públicos y empresarios, y se inició en 104 ocasiones la vinculación a proceso de personas involucradas en delitos de peculado y enriquecimiento ilícito; al cierre del presente informe hay 49 procesos penales vigentes ante tribunales locales y se obtuvieron 16 sentencias condenatorias.
Por esta misma vía (penal) se recuperó e ingresó al erario un total de 46 millones 271 mil pesos, como pago de la reparación del daño y 1 millón 178 mil pesos, como de pago de multas.
Se aseguraron 87 bienes inmuebles, de los cuales fueron embargados 52, la mayoría eran predios rústicos cuya suma de extensiones comprende aproximadamente 37 mil 900 hectáreas, incluye, lotes urbanos, fincas urbanas y un pent-house en condominio, cuyo monto en total asciende a un aproximado de 500 millones de pesos.
También se aseguraron aproximadamente 3 mil 541 cabezas de ganado vacuno y equino de distintas razas y ejemplares de ganado exótico, también se aseguraron vehículos de transporte terrestre y de recreo, y maquinaria diversa, cuyos costos superan en conjunto los 30 millones de pesos.
Comments