La administración de María Eugenia Campos Galván podría enfrentar un momento decisivo tras la solicitud de revocación de mandato presentada el pasado 9 de septiembre ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua.
La petición fue encabezada por los ciudadanos Óscar Humberto González Aguirre e Hipólito Meza Borunda, quienes acusan a la gobernadora y su gabinete de permitir la proliferación de prácticas inmorales y corruptas en el manejo de los recursos públicos, así como de negligencia en la atención a temas críticos, como la seguridad vial. Este movimiento podría marcar el inicio de un proceso que pondría en jaque el mandato de la primera gobernadora del estado.
En su solicitud, González Aguirre afirmó que la administración de Campos ha sido cómplice de un entorno de corrupción que ha afectado directamente a la ciudadanía. Señaló como uno de los detonantes de su acción el incremento en el número de muertes viales debido a la omisión del gobierno estatal en implementar políticas adecuadas para salvaguardar la seguridad en las calles.
“La sangre de los chihuahuenses corre por la inacción de este gobierno”, declaró González en entrevista, añadiendo que existe suficiente evidencia para solicitar la salida de Campos del cargo.
Esta solicitud de revocación se presenta en un contexto marcado por la reciente reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, la cual elevó del 5% al 10% el porcentaje de firmas necesarias para activar este mecanismo. Esta modificación, aprobada por el Congreso local y promovida por el Partido Acción Nacional (PAN), ha sido vista por los opositores de Campos como un intento de blindar a la gobernadora de posibles movimientos ciudadanos. González Aguirre calificó la reforma como un «blindaje» similar al de dictaduras, acusando a los legisladores de traicionar a la ciudadanía con una estrategia diseñada para evitar que los funcionarios sean removidos.
Por su parte, el consejero electoral del IEE, Yuri Zapata Leos, confirmó la recepción de la solicitud y señaló que el organismo ya está en la fase de análisis para determinar su procedencia. En caso de que la solicitud cumpla con los requisitos legales, se procederá a la emisión de una convocatoria para recolectar las firmas necesarias para llevar a cabo la consulta pública. Zapata subrayó que este es solo el inicio de un largo proceso, ya que se debe verificar que los ciudadanos solicitantes cumplan con las prevenciones establecidas por la ley, para luego determinar si se procede con la convocatoria.
El gobierno de María Eugenia Campos, por el momento, no ha emitido una postura oficial sobre la solicitud de revocación. Se buscó una respuesta a través de la Coordinación Estatal de Comunicación Social, encabezada por Sergio Ramírez, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta. Mientras tanto, este movimiento ciudadano sigue ganando fuerza, y los promotores aseguran que cuentan con el respaldo de más de 2,500 personas dispuestas a apoyar el proceso de recolección de firmas. La situación plantea un escenario complejo para la gobernadora, quien podría ver su mandato interrumpido antes de lo previsto.