La ejecución extrajudicial durante el operativo en Nuevo Laredo fue grabada por el equipo de uno de los tiradores del Ejército; había al menos otras cuatro en el lugar
Los soldados presentes en el operativo grabado que reveló el lunes pasado EL UNIVERSAL, en el que se observa a militares ejecutando a una persona en Nuevo Laredo, Tamaulipas, declararon ante el Ministerio Público que todas sus cámaras estaban apagadas. El video difundido por este diario fue tomado, sin embargo, desde la torreta de uno de los vehículos del Ejército.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de julio, cuando en un operativo murieron 12 personas, entre ellas tres jóvenes secuestrados, quienes fueron asesinados con un solo disparo a corta distancia. Los militares declararon horas más tarde ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) que al menos tenían cinco cámaras. Una para cada uno de los tiradores de los vehículos y otra conectada a una de las unidades blindadas Sandcat, revela información en poder de este diario.
Los soldados aseguraron que apagaron las cámaras antes de los hechos, que estaban desconectadas o que estaban lejos de la zona. Ninguno reconoció la existencia del video que EL UNIVERSAL reveló el lunes pasado, grabado por el equipo de uno de los tiradores, en el que se escucha la orden de matar a un civil. “Que diga el declarante si tiene conocimiento si alguno de sus compañeros contaba en el momento de los hechos con cámara de videograbación”, le pregunta el MP al jefe del vehículo blindado Sandcat que impacta por detrás a la Cheyenne que recibió los disparos y que en el video se ve abriendo fuego. Responde: “El vehículo Sandcat traía una cámara vehicular, pero en esos momentos no estaba conectada para poder grabar”.
Otro soldado explica que él no traía equipo de videograbación en su casco, ya que “únicamente los tiradores son quienes lo portan”. Un tercer militar, que estaba en la Cheyenne que recibió disparos, declara que apagó la cámara después de que eso sucediera, y que no estaba cerca del lugar de los hechos: “Ya en ese momento había apagado la cámara de grabación que porto en mi casco”.
Otro soldado que viajaba en uno de los vehículos explica que sabía que el tirador, que estaba en la ametralladora, era quien llevaba la cámara, pero desconocía si grabó el momento de los hechos.
En la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, promulgada en 2019, el artículo 32 señala que siempre que miembros de las instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones, se deberá entregar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato. El artículo 38 dice que el material audiovisual será accesible para investigaciones y procedimientos judiciales.
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), lo que debería hacer el Ejército es entregar todo el material de video a la FGR: “Que sean peritos de la fiscalía los que vean qué hay en las cámaras, si los videos están completos o editados, y que un MP federal pueda considerarlos en su carpeta de investigación”, afirma.
“Creo que es una prueba para la FGR y para las Fuerzas Armadas permitir esto para ver qué tanto es real que quieran hacer las cosas de forma diferente”, dijo. Martín Alvarado, abogado de las tres familias de las víctimas que acusan al Ejército de homicidio doloso, opina que las cámaras fueron usadas pero las ocultan: “Todos los instrumentos que traen sirven, si no sirven es porque lo que quieren ocultar es la verdad”.
El Universal
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