El programa de reordenamiento, regularización y modernización del transporte público urbano de pasajeros en todo el estado de Chihuahua, tiene que ver con el cumplimiento de varios imperativos a que obliga la ley en beneficio de la movilidad de las y los chihuahuenses, señaló el gobernador Javier Corral Jurado.
“Tiene que ver con un estudio técnico operativo y profundo, del estado actual y real de las concesiones otorgadas a particulares para ofrecer el servicio de transporte colectivo urbano y el que se conoce como transporte privado especial para trabajadores de Chihuahua y de Ciudad Juárez”, dijo en rueda de prensa virtual.
Puntualizó que en este estudio se identificaron 600 concesiones que presentan distintas irregularidades.
Ejemplificó que algunos de esos permisos de transporte especial presentan una inactividad de alrededor de 5 años, por lo que se trata de concesiones que pueden ser reasignadas con el objeto de poner en circulación las unidades que correspondan.
“Obviamente en beneficio de la movilidad de las y los chihuahuenses. Lo que estamos haciendo, es conocer si se brinda el servicio bajo las condiciones y en los términos bajo los cuales fueron otorgadas estas concesiones”, recalcó.
Hizo la observación de que hay un sector de prestadores de servicio que no se encuentran al corriente del pago de sus derechos respectivos y además se detectó una especie de mercado negro de concesiones, que no va acorde a la ley y han sido identificadas a través de una plataforma de registro y control.
“También detectamos que operadores las compraron de manera irregular, pero están brindando un servicio de manera adecuada, a ese sector le hacemos un llamado para que se acerque a la Dirección de transporte para que pueda encontrar un modelo de regularización y no pierdan su ingreso familiar”, recomendó.
El mandatario estatal insistió en que esa es la intención del programa de reordenamiento al transporte urbano y descartó que tenga tintes políticos, cuando lo cuestionaron al respecto.
“Que haya políticos en este tráfico de concesiones de manera irregular es otra cosa, pero la modernización y reordenación del transporte es un asunto de la ley”, expresó.
Recordó que la publicación del decreto se produjo el 5 de septiembre pasado, por lo que los involucrados tienen hasta 15 días hábiles, para manifestar lo que a su derecho convenga.
“Ofrecer pruebas, rendir alegatos en relación a este procedimiento, porque transcurrido este periodo, se hará efectiva la cancelación de las concesiones”, agregó
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