Organizaciones de la sociedad civil buscan frenar la iniciativa de Ley de Salud Mental que será votada a partir del 29 de julio en el Senado de la República. La propuesta ha sido ampliamente rechazada por presuntamente perpetuar violaciones a derechos humanos hacia personas con discapacidad, al legalizar internamientos involuntarios, tratamientos forzados y desconocer la capacidad jurídica de la personas.
La iniciativa, impulsada por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y la bancada del Partido del Trabajo (PT), entra en contradicción con estándares internacionales suscritos por el Estado Mexicano como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por México en 2008.
En un comunicado firmado por una treintena de organizaciones y colectivos, así como por una larga lista de personas usuarias y ex usuarias de los servicios de salud mental, activistas y académicas, se expresa el “rechazo rotundo” de la sociedad civil ante la posible aprobación de esta iniciativa de ley.
El comunicado fue publicado desde finales de marzo, poco después de que la Comisión de Salud del Senado aprobó por unanimidad, y sin discusión de por medio, un dictamen favorable para la próxima aprobación de la Ley General de Salud Mental.
La propuesta de ley “reproduce una visión biomédica que invisibiliza y aísla a las personas usuarias al verlas como objetos de tratamiento y no como sujetos de derechos” y “pone en entredicho derechos como el derecho a la autonomía, al consentimiento informado, a la capacidad jurídica y a la libertad personal”, apunta el comunicado.
Se ha subrayado también que la iniciativa podría legalizar los tratamientos forzosos, considerados como tortura por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además de que continúa avalando los internamientos involuntarios en hospitales psiquiátricos, y usa un lenguaje discriminatorio que reproduce estigmas equivocados sobre la salud mental.:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/B4U4FUAHLVGVTEOX6QVGFYD6F4.png)
La Ley General de Salud Mental entra en contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. (Foto: twitter @DocumentaAC)
La iniciativa de Ley General de Salud Mental que será votada el 29 de julio en el Senado de la República, también ha sido criticada a través de las redes sociales, donde se ha expresado el rechazo a esta #LeyBañuelos, y en defensa de una #SaludMentalConDerechos.
Diana Sheinbaum, la coordinadora del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta – Análisis y Acción para la Justicia Social A. C., señala que el camino es inadecuado y que, en cambio, debería promoverse una reforma al Capítulo VII de la Ley General de Salud que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
“Desde la sociedad civil creemos que no es adecuado generar una legislación específica sobre el tema de salud mental. En realidad el capítulo 7 de la Ley General de Salud, aunque hoy en día no es adecuado, constituye el espacio para abordar el tema de la salud mental; entendiendo que la salud física y la salud mental son una misma. Plantear un régimen distinto lo que hace es abonar al desbalance histórico que hay entre la atención a la salud física y a la salud mental”, señaló Sheinbaum en entrevista con Infobae México.
Apenas la semana pasada, el equipo de asesores de la senadora Geovanna Bañuelos, se reunió en dos ocasiones con diversas organizaciones, incluyendo a Documenta A.C., en las que se habló de la necesidad de reformar completamente la iniciativa.
Sin embargo, la senadora no estuvo presente en ninguna de estas reuniones, y apenas un día después de la última reunión, la iniciativa de ley se subió para ser discutida en el pleno, a pesar de la objeciones presentadas ya en repetidas ocasiones.
En días recientes el dictamen de ley recibió modificaciones, supuestamente para incluir sugerencias y observaciones de grupos parlamentarios y de expertos en salud y en protección de los derechos humanos. Pero las organizaciones de la sociedad civil como Documenta A.C. han negado su participación en las presuntas correcciones a la Ley, y reafirman en una Carta Aclaratoria su postura de que esa legislación sea detenida por completo y no simplemente corregida.
La “Iniciativa por proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Salud Mental” se discutirá en el segundo periodo extraordinario de sesiones de la LXIV Legislatura que se llevará a cabo a partir de este 29 de julio, y hasta que se concluyan los temas para el que fue convocado.:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3SGU4DRJJVDRHIUA4EXYUTZKZE.jpg)
A finales de marzo la Comisión de Salud del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General de Salud Mental. Sólo queda por hacerse la votación en el pleno de la Cámara. (Foto: Comunicación Senado)
“Hay una molestia profunda de parte de la sociedad civil frente a la imposibilidad de materializar nuestras preocupaciones en la iniciativa. Sí se nos escucha, pero al final de cuentas parece casi una formalidad y no realmente una consulta”, señala Sheinbaum. Ante esta situación, considera importante y necesario que se lleve a cabo un ejercicio de parlamento abierto para discutir el tema de la Salud Mental.
Esta Ley reproduce contenidos de otra iniciativa presentada en la Cámara de Diputados en 2017 y sobre la cual manifestaron su preocupación los relatores de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre el derecho al más alto nivel de salud física y mental.
Ante esa propuesta de Ley Nacional de Salud Mental de 2017, como vuelve a suceder ahora con la Ley General de Salud Mental, un gran número de organizaciones de la sociedad civil manifestaron su oposición crítica, como la propia Documenta A.C. o Human Rights Watch.
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