Chihuahua, México – En un estado azotado por la inseguridad y una escalada de violencia, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, bajo la administración de la gobernadora Maru Campos, enfrenta fuertes críticas por la falta de protocolos para recibir denuncias de extorsión por teléfono. Usuarios afectados han reportado que, al intentar denunciar amenazas y extorsiones, los agentes de la fiscalía se negaron a atender sus casos, argumentando que solo se pueden realizar denuncias de manera presencial o virtual, dejando a las víctimas en un limbo de desprotección.
Denuncias ignoradas en medio de la crisis de seguridad
Varios ciudadanos han relatado cómo, al recibir llamadas de extorsión y amenazas directas, intentaron buscar ayuda a través de la fiscalía, solo para encontrarse con la negativa de los agentes a tomar sus denuncias por teléfono. «Me dijeron que no podían hacer nada si no iba personalmente a presentar la denuncia o si no la hacía en línea. ¿Cómo voy a ir si los mismos extorsionadores me están amenazando?», expresó un afectado que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.
Este tipo de respuestas por parte de las autoridades ha generado indignación entre la población, especialmente en un contexto donde Chihuahua enfrenta niveles alarmantes de violencia y delincuencia organizada. Según datos recientes, los casos de extorsión han aumentado significativamente en los últimos meses, pero la falta de atención oportuna por parte de la fiscalía ha dejado a las víctimas sin opciones viables para protegerse.
Fiscalía en la mira: ¿Negligencia o falta de capacidad?
La Fiscalía General del Estado, encabezada por César Augusto Peniche Espejel, ha sido señalada por no contar con protocolos claros para recibir denuncias por teléfono, una herramienta básica en cualquier sistema de justicia moderna. Esta omisión puede ser calificada como «inaceptable» por organizaciones de derechos humanos, que siguen exigiendo una respuestas del gobierno estatal.
Maru Campos bajo presión
La gobernadora Maru Campos, quien llegó al poder con promesas de fortalecer la seguridad y la justicia en Chihuahua, enfrenta ahora un creciente descontento por la aparente incapacidad de su administración para proteger a los ciudadanos. Las críticas se han intensificado en redes sociales, donde usuarios han compartido sus experiencias de desatención y han exigido respuestas concretas.
«Es inadmisible que en pleno 2025, con toda la tecnología disponible, la fiscalía no tenga un sistema para recibir denuncias por teléfono. Esto no es solo negligencia, es una falta de respeto hacia los ciudadanos que están sufriendo», ha comentado un experto en el tema de seguridad.
Llamado a la acción
Ante la falta de respuestas, organizaciones civiles y ciudadanos han exigido que la Fiscalía General del Estado implemente de manera urgente un protocolo para recibir denuncias por teléfono y garantice la protección de las víctimas. Además, han demandado una investigación interna para determinar por qué se están ignorando estas denuncias y quiénes son los responsables de esta falla en el sistema de justicia.
Mientras tanto, las víctimas de extorsión y sus familias continúan en un estado de vulnerabilidad, esperando que las autoridades actúen antes de que sea demasiado tarde. «No podemos seguir viviendo con miedo. Necesitamos que el gobierno haga su trabajo y nos proteja», concluyó otro afectado.
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