Debido a que presuntamente realizaron operaciones ilícitas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó congelar las cuentas de varias administraciones municipales localizadas en la llamada Sierra de Amula, en el sur del estado de Jalisco.
Se trata de los Ayuntamientos de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Villa Purificación, El Grullo y Juchitlán, los cuales tienen bloqueados los movimientos bancarios en instituciones como HSBC México y BBVA México, con la anuencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Ante esta situación, el gobierno municipal de Autlán y su sistema DIF promovieron juicios de Amparo ante el Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, argumentando que la medida pone en riesgo el manejo de la administración pública, así como el aprovisionamiento de servicios.
Los juicios de garantías registrarán una audiencia incidental el próximo lunes, y la constitucional será el 8 de julio.
Cabe señalar que se concedieron las medidas cauterales para el uso del dinero en las cuentas, pero la CNBV no las ha desbloqueado, por lo que la nómina municipal está en riesgo, así como el pago a los proveedores.
La Sierra de Amula es una demarcación considerada como el territorio de control del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en donde el delincuente estaría ocultándose, de acuerdo con las investigaciones federales.
Hace dos semanas, la UIF informó del bloqueo de mil 939 cuentas bancarias, presuntamente relacionadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita, mil 770 de ellas correspondientes a personas físicas y 167 a empresas, en el marco del Operativo “Agave Azul”, el cual pretende desestabilizar el poder económico del CJNG.
Desde entonces, empresas y personas físicas relacionadas, han presentado solicitudes de juicios de garantías contra la inmovilización de bienes.
Dicho operativo se lleva a cabo en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la definición de los objetivos dedicados al blanqueo de capitales.
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