La compañía china de propiedad estatal que este jueves obtuvo la licitación, junto a otras, para la construcción del primer tramo del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue inhabilitada en 2011 por el Banco Mundial por “prácticas fraudulentas».
Y es que, en julio de 2011, la institución anunció la inhabilitación de China Communications Construction Company (CCCC) Limited, junto a todas sus subsidiarias, por prácticas fraudulentas en la primera fase del proyecto de mejora de las carreteras nacionales de Filipinas.
La CCCC fue declarada inelegible para participar en proyectos financiados por el Grupo del Banco Mundial hasta el 12 de enero de 2017, es decir, la sanción fue de cinco años y medio, aproximadamente.
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Sin embargo, la CCCC fue la sucesora designada de la China Road and Bridge Corporation (CRBC), la cual, junto a otras seis empresas y un individuo, fueron también inhabilitadas por ocho años por el Banco Mundial, sanción que comenzó en enero de 2009.
La CCCC es una empresa trasnacional, cuya propiedad es del gobierno de China, que está dedicada al diseño, construcción y operación de infraestructura, como carreteras, puentes, túneles, trenes, trenes de alta velocidad, metro, aeropuertos y trenes marítimos.
Este jueves, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) mexicano emitió el fallo de la licitación pública internacional para la construcción del Tramo 1 del Proyecto Tren Maya, en el que resultó ganador el consorcio Mota-Engil México SAPI de C.V. en convenio con la CCCC, Grupo Cosh S.A. de C.V. Eyasa S. de R.L de C.V y Gavil Ingeniería S.A..
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De acuerdo con las autoridades, la empresa ganadora, entre 14 propuestas presentadas, dio la oferta económica más solvente para el proyecto, con un monto que supera los 15,538 millones de pesos.
La oferta elegida fue analizada por expertos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), quienes revisaron las 14 propuestas y concluyeron que el consorcio ganador, en convenio con el resto de empresas, incluida la CCCC, “representa la mejor relación calidad-precio para Fonatur”.
El procedimiento, indicaron, “fue acompañado por el testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública”, el órgano vigilante de la administración de López Obrador. “La SFP vigiló que el procedimiento se realizara con transparencia, eficiencia, economía, imparcialidad, honradez y con estricto apego a las disposiciones aplicables”, añadieron.
En criterios de cualificación, este consorcio cumplió con los requerimientos legales y administrativos. Además, tiene la capacidad y la experiencia técnica requerida y cuenta con la capacidad financiera solicitada
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El Tramo 1 del Tren Maya, que junto al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas conforman los principales proyectos de infraestructura del actual gobierno, recorrerá desde Palenque, Chiapas hasta Escárcega, Campeche.
“En estos 227 kilómetros aproximados se van a rehabilitar y mejorar vías existentes del Ferrocarril Chiapas-Mayab”, explicó el Fonatur, que aseguró que la construcción de los primeros cinco tramos del proyecto generarán cerca de 80,000 empleos en 2020 para la región del sureste de México.
Las obras, anunciaron, podrán comenzar a partir del próximo jueves 30 de abril, en medio de la epidemia que vive el país por el coronavirus.
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“Como lo ha instruido el presidente López Obrador, los proyectos prioritarios del Gobierno de México continuarán como medidas para mitigar las consecuencias económicas derivadas del COVID-19”, indicó el Fonatur.
Y es que, a pesar de que la emergencia nacional por causas de fuerza mayor fue declarada a principios de mes, y las labores y actividades no esenciales se suspendieron desde entonces, la administración actual publicó un acuerdo para clasificar los proyectos más destacados de su gobierno precisamente como actividades esenciales.
Para el caso de los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles (Santa Lucía) y el Corredor Transísmico, las acereras, cementeras y vidrieras podrán continuar con los contratos vigentes que tengan con el gobierno federal, al menos hasta que cumplan los compromisos que se tienen a corto plazo.
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