El alcalde panista de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, se encuentra en el centro de una creciente polémica tras la adquisición de una residencia de lujo, valorada en más de 17 millones de pesos, justo un día después de las elecciones donde logró su reelección. Aunque Bonilla ha declarado que el precio real de la propiedad es de 8.5 millones, las evidencias sugieren que su versión es poco creíble y alimenta las sospechas de corrupción.
La propiedad, ubicada en el exclusivo fraccionamiento Bosques del Rejón, tiene una superficie de 512 metros cuadrados y una construcción de 659 metros cuadrados, incluyendo lujosas comodidades como tres recámaras con vestidor y baño privado, cochera para tres vehículos y un área de asador. Según los conductores del programa «El Punto G de la Política», la discrepancia entre el precio de compra registrado y el valor comercial de la casa podría implicar irregularidades fiscales, sugiriendo que Bonilla podría estar incurriendo en fraude fiscal y evasión de impuestos.
La compra, formalizada ante un notario público, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad el 11 de septiembre de 2024, y ha generado serias preguntas sobre la capacidad financiera de Bonilla. Con un salario mensual de aproximadamente 60 mil pesos, su carrera en el servicio público no parece justificar la adquisición de una propiedad de tal magnitud. En total, sus ingresos en los últimos años no superarían los seis millones de pesos, lo que refuerza la duda sobre cómo pudo financiar la casa, considerando que realizó un pago inicial de dos millones de pesos en efectivo, con el resto cubierto mediante créditos con Scotiabank y Banorte.
El escándalo se vuelve aún más grave al considerar que la operación se llevó a cabo un día después de las elecciones, lo que plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia del alcalde. Bonilla, que siempre ha presumido su origen humilde, se ve ahora atrapado en una contradicción que podría afectar su futura aspiración a la gubernatura de Chihuahua en 2027, respaldado por la actual gobernadora María Eugenia Campos.
Los críticos y analistas políticos han exigido a Bonilla que explique su situación y aclare las circunstancias de la compra. La falta de una respuesta contundente ha intensificado la presión pública y ha avivado las acusaciones de corrupción. Mientras tanto, el alcalde continúa desmintiendo las acusaciones, pero sus intentos de justificarse parecen cada vez más como una estrategia de evasión.
La controversia en torno a la casa de Marco Bonilla no solo refleja un posible caso de corrupción, sino que también pone de relieve un problema más amplio en la política mexicana: la falta de transparencia en la gestión pública. Con la confianza de los ciudadanos en juego, el futuro político del alcalde podría depender de su capacidad para demostrar que su fortuna es legítima y que su estilo de vida actual no contradice su discurso de humildad.
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