Verónica dice que desde hace días que solo la alimentan con pan y agua porque los cocineros dejaron de trabajar debido a la emergencia del coronavirus.
Es una joven salvadoreña solicitante de asilo que ha estado detenida desde octubre del año pasado en Estados Unidos.
El pasado viernes 10 de abril, Verónica decidió junto a otra compañera juntar retazos de tela de camisetas y, con toallas sanitarias de uso diario y elásticos para el pelo, elaborar mascarillas.
Lo hizo porque en el centro donde está detenida, el de Otay Mesa, en el sur de California, no les habían dado ni tapabocas ni guantes para protegerse, pese a que ya había casos positivos de covid-19 dentro de la instalación, asegura la joven de 23 años a BBC Mundo.
«Aquí no hay asistencia médica, no nos atienden, nos dicen que hagamos gárgaras de agua con sal, que estamos bien, que es un resfriado nada más», dice en una llamada telefónica el martes 21 de abril.
Lo descrito por Verónica es replicado por más inmigrantes que le hablaron a este medio en Otay Mesa y en otros centros, y por organizaciones que brindan asesoría legal y mantienen comunicación constante con esta población.
Al viernes 24 de abril, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) confirmaba 317 casos de covid-19 en una población estimada de 31.000 detenidos.
Tan solo se habían realizado alrededor de 400 pruebas diagnósticas hasta el viernes 17 de abril, según declaró Matthew Albence, director interino de ICE, en una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes.
No ha habido ningún fallecimiento como consecuencia de la covid-19, de acuerdo a información que ICE hizo llegar a este medio a mediados de la semana pasada.
Pese a que la agencia federal asegura en su sitio web que la salud, seguridad y bienestar de los detenidos están «entre las más altas prioridades», en semanas recientes grupos de inmigrantes han iniciado huelgas de hambre en señal de protesta y varios tribunales han ordenado la liberación de algunos detenidos.
¿Qué pasa?
Verónica cuenta que duerme en una celda «de ocho camas, una encima de otra a una distancia más o menos de un metro» y que convive con otras cuatro mujeres.
«Utilizamos el mismo baño… no estamos en un ambiente en el que se pueda hacer distanciamiento», dice.
Los centros de detención son administrados por empresas privadas y cuentan con tamaños y distribuciones diferentes, pero los detenidos y organizaciones consultados coinciden en que a menudo hay espacios en los que conviven cientos de personas y que las celdas son compartidas.
Además, señalan, son los mismos detenidos quienes deben limpiar las áreas que usan, incluidos sanitarios colectivos, y lo hacen sin protección como guantes o tapabocas.
«(Los detenidos) solo tienen acceso a una barra de jabón para la semana entera», dice Veronica Salama, abogada de inmigración de la organización estadounidense de derechos humanos Southern Poverty Law Center (SPLC, por sus siglas en inglés).
Salama advierte que sus clientes»no tenían idea de la gravedad de esta enfermedad» al principio y que «los funcionarios no les informaban de nada ni les daban panfletos con instrucciones para el lavado de manos».
«Hay funcionarios que entran a las unidades donde están los detenidos a entregarles la comida sin guantes ni máscaras», agrega.
ICE informó hasta el miércoles 22 de abril de 35 de sus trabajadores en estas instalaciones que dieron positivo por covid-19.
Estas situaciones han provocado que «haya gente organizándose en 30 detenciones para exigir cambios y que en trece de ellas haya habido retaliaciones”, estima Cynthia Galaz, de la organización Freedom For Immigrants, que tiene una línea telefónica directa con los centros de detención.
Galaz ha documentado testimonios de personas que dicen haber recibido amenazas de que les rociarían gas pimienta o de que los trasladarían a una zona de confinamiento solitario, informalmente llamada «el hoyo».
«Avientan a las personas a un cuarto donde están solas por mucho tiempo y básicamente la gente lo describe como tortura psicológica», apunta.
Además de las demandas interpuestas en tribunales que piden la liberación de ciertos detenidos, un juez federal ordenó a ICE el pasado lunes 20 que identificara y considerara liberar a aquellos inmigrantes bajo su custodia cuya edad o estado de salud los ponen en riesgo de contagiarse de coronavirus.
El juez Jesús Bernal, de una corte en Los Ángeles, determinó que las evidencias presentadas «sugieren una inacción sistemática» por parte del gobierno «que va más allá de una mera ‘diferencia de opinión médica o de negligencia‘».
¿Qué dice ICE?
La oficina de prensa de ICE refirió a este medio a un sitio web con información sobre su respuesta a la pandemia dentro de los centros de detención.
La agencia indica allí que se ha liberado a casi 700 personas «después de evaluar su historial migratorio, antecedentes penales y si representan una posible amenaza para la seguridad pública, o están en riesgo de huir, o representan una preocupación para la seguridad nacional».
Adicionalmente, dicen, han limitado el ingreso de nuevos detenidos.
«La población de detenidos bajo custodia de ICE ha decrecido en más de 4.000 personas desde el 1 de marzo», asegura.
Además de suspender temporalmente todas las visitas, la oficina «decidió reducir la población de todas las instalaciones» hasta que queden en una capacidad del 70% o menos para hacer posible el distanciamiento social.
A los detenidos que presentan síntomas de fiebre o problemas respiratorios, se les «aísla y monitorea por un periodo de tiempo determinado».
Aquellos que no presentan los síntomas arriba mencionados, pero “que están incluidos en las pautas de riesgo epidemiológico” son monitoreados por 14 días.
Los que presentan síntomas entre moderados y severos o aquellos que requieren «niveles más altos de cuidado o monitoreo» son trasladados a hospitales.
La agencia, sin embargo, no brindó información a este medio sobre cuántas personas han sido hospitalizadas.
«Nunca me hicieron la prueba»
Rosmary Freites es una de las inmigrantes que, por su situación médica -es diabética y asmática- fue liberada del centro Broward Transitional (BTC) en Florida, luego de que la organización United We Dream, que vela por los derechos de inmigrantes, la ayudara al presentar una petición con más de 1.000 firmas para su liberación ante un juez.
Freites, venezolana de 23 años, describe que estuvo aislada en un cuarto con otras cinco detenidas por un par de días y que al preguntar por qué, funcionarios le comunicaron que una persona que estaba allí había tenido contacto con un abogado que dio positivo por covid-19.
«Después de los dos días nos sacaron de la cuarentena y nunca me hicieron la prueba ni me dieron mascarilla», dice.
El SPLC documentó que el centro de detención de Krome, en Miami, tenía cuatro espacios con personas en cuarentena y que «la gente está entrando y saliendo, no es realmente una cuarentena».
Otro problema reportado es el del traslado de inmigrantes de un centro a otro, como le ocurrió al esposo de Anette Villa, quien es asmático.
La cubana cuenta que en las últimas semanassu esposo pasó por al menos tres diferentes centros antes de ser finalmente admitido en Baker, en el centro-norte de Florida.
«Ya la pandemia estaba andando y con todos los traslados que le hicieron mientras lo procesaban, pasó dos noches durmiendo en el piso y otras tantas en un catre porque no había camas disponibles», describe.
Villa, quien vive en Florida, cuenta que su esposo viajó desde México y que pidió asilo ante las autoridades fronterizas hace 11 meses.
«Él sabe que si le cae el virus, sus pulmones no van a aguantar. Está con pánico y le digo que se calme. Tengo miedo que se me muera», dice.
Según le ha descrito su esposo por teléfono, comparte el espacio con otras 29 personas y varios están usando los jabones que traían de otros centros.
Villa, mientras tanto, dice que está tomando antidepresivos y que sufre de alopecia como consecuencia de la situación.
«Es mucha la presión que tengo», añade.
“Nos rociaron con gas pimienta”
El centro Otay Mesa, en el que permanece recluida Verónica, es el que cuenta con más casos confirmados de covid-19, 57 detenidos y 8 empleados de ICE.
Aunque organizaciones como el SPLC temen que la cifra sea mayor.
«No sabemos todos los detalles de lo que pasa adentro, la situación no es transparente«, dice la abogada Maia Fleischman en referencia a todos los centros.
Otay Mesa ocupó titulares en días recientes luego de que se hicieran públicos audios en los que una detenida describía que estaban rociando gas pimienta dentro de algunas celdas.
El incidente fue reportado el viernes 10 de abril, luego de que un grupo de detenidas se negara a firmar un documento en el que, según describen, la empresa que administra el centro se liberaba de la responsabilidad en caso de que alguna se contagiara, y solo después de que firmaran les entregaría unas mascarillas.
«El ataque ocurrió en mi unidad», dice Briseida Salazar, una mexicana de 23 años que fue liberada bajo fianza días después.
Salazar, una de las pocas que hablaba inglés en el grupo, de más de 60 mujeres, ayudó a traducir el documento para las demás y esto provocó, explica, que rehusaran firmarlo.
«Llegó un punto en que nos frustramos mucho y empezamos a protestar y la gerente que estaba allí nos dijo que estábamos haciendo mucho ruido y llamó al equipo de emergencia y ellos llegaron con el gas pimienta».
Verónica, que en ese momento hablaba por teléfono con un miembro de la organización Pueblos Sin Fronteras (PSF), gritó que les estaban rociando con gas pimienta y que se llevaban con esposas a una detenida que sufre de problemas mentales.
El audio fue difundido en los medios de comunicación.
ICE confirmó los hechos, pero negó que hubieran rociado el gas pimienta.
«No hubo uso de fuerza ni de agentes químicos dispersados durante el incidente (…) estos alegatos sencillamente no son verdaderos», dice un comunicado enviado a BBC Mundo.
De acuerdo con PSF, que intercambia llamadas a diario con detenidos en Otay Mesa, hay más de 100 en huelga de hambre como protesta por la mala alimentación y la falta de medidas para garantizar la prevención de contagios.
En otra área de las instalaciones está detenido Samuel Gallardo Andara, un enfermero venezolano de 28 años que cuenta que la zona en la que está, de unas 100 personas, «la mitad se ha enfermado«.
«Lo máximo que han hecho los médicos es observación y lo único que dan es tylenol (paracetamol)».
Las situaciones descritas no son ajenas a estos centros de detención, advierten organizaciones que han interpuesto demandas en el pasado al denunciar, entre otras cosas, negligencia en la atención médica dentro de las instalaciones.
La pandemia del coronavirus lo que ha hecho, indican, es subrayar los problemas que persistían en algunas de estas infraestructuras, manejadas en su mayoría por compañías privadas.
Desde el teléfono, Verónica dice que está muy estresada y que por el momento no le ve «salida a esto».
«Este momento que estamos viviendo aquí es muy difícil, muy difícil», dice antes de que se agote el tiempo permitido de la llamada y se corte la línea.
fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52401200
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