Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a todas las autoridades de seguridad pública federal, para que rectifiquen la decisión de retirarse de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y atiendan el mandato constitucional que tienen, de conformidad con el Artículo 21 de la Carta Magna.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Georgina Bujanda Ríos del GPPAN, quien determinó estas acciones señaladas, son consecuencia de las protestas, las exigencias y el actuar que ha tenido los poderes del Estado de Chihuahua, así como los ciudadanos en la defensa del agua.
“La seguridad de los chihuahuenses no puede ser moneda de cambio. El gobierno de Andrés Manuel debe dejar de insultar, castigar y comportarse como un régimen que tiene todo, menos el carácter democrático y federalista; el actuar del Gobierno Federal, deben de ser acorde a las obligaciones constitucionales, más allá de las filias político partidista”, mencionó la diputada.
Denunció que frente a un tema de Estado, que ha sido liderado e iniciado por los productores agrícolas, han tenido nula respuesta, así como ausencia y falta de voluntad para resolver las legítimas demandas del agua, además de sufrir insultos, violaciones graves a los derechos humanos y fuertes represalias, lo que incumple obligaciones constitucionales como lo es el retiro de las fuerzas de seguridad de la federación.
“El problema del agua, compañeras y compañeros, es un problema de Estado, de las y los chihuahuenses; no admitiremos nunca, que pretendan desacreditarlo y partidizarlo como lo ha hecho el gobierno federal incluso, que ha utilizado como vocero a su Subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana”, expresó.
Reiteró que desde el Congreso del Estado, se continuará con la defensa del agua y las causas ciudadanas y afirmó: “desde esta tribuna seguirán encontrándose con hombres y mujeres libres que apoyamos cuando la causa es justa; que disentimos cuando es necesario y que debatimos y defendemos con argumentos y del lado de la razón”.
Por otro lado, recalcó que cuando el Poder Legislativo avaló la Guardia Nacional, con reservas y modificaciones para que se tratara de un cuerpo con mando y actuación civil, no se pensó que esto desencadenaría en delitos que “merecen prisión preventiva oficiosa”.
“Las acciones emprendidas por titulares de dependencias y de la Guardia Nacional en el problema del agua, han sido erráticas desde un inicio. Han privilegiado el conflicto y la ganancia cero al dialogo, a la coordinación y a que todos sean beneficiados. Han optado por acciones que perjudican a todos con tal de mantener su postura, aun cuando la realidad los contradiga y se generen afectaciones generales, algunas sin posibilidad de remedio como la pérdida de la vida de Yessica Silva”, acotó.
Dijo que en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que tanto el presidente de la república como el gabinete en su totalidad, tienen la obligación de velar por la paz y la seguridad de la ciudadanía.
“El motivo expresó: las críticas del Gobierno del Estado a su participación en la custodia de diversas instalaciones cuya custodia es su responsabilidad constitucional, dado su carácter estratégico, generan un ambiente de confrontación que queremos evitar hasta donde sea posible; ¿cómo es posible que el gobierno federal pretenda faltar a un precepto constitucional nuevamente? La seguridad de las y los ciudadanos no debe desatenderse por desavenencias y el estado de ánimo del presidente”, puntualizó.
En última instancia, concretó que abandonar las mesas de coordinación en donde deben de estar los tres órdenes de gobierno, pone en grave riesgo los objetivos y los resultados establecidos; en las mesas de seguridad, las distintas autoridades comparten información, diseñan estrategias con base a los objetivos y para que puedan tener éxito, se requiere de la participación decidida de todos.
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