El diputado Omar Bazán denunció que, entre otros entes, el INFONAVIT está reportando al Buró de Crédito su historial de deudores, por lo que propone enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
INFONAVIT debe terminar con la indebida práctica de informar el historial de sus operaciones de crédito hipotecario que conforman su cartera vencida o solicitar información al Buró de Crédito, para otorgar los créditos que está obligado a operar, advirtió el legislador priista.
La iniciativa de Decreto presentada por el también dirigente estatal del PRI, propone reformar las fracciones II y III así como adicionar la fracción IV al artículo 18 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
Principalmente, Omar Bazán propone prohibir a las Sociedades de Información Crediticia registrar historiales crediticios deducidas de créditos otorgados por entidades públicas de cualquier tipo en ejercicio o a virtud de los derechos laborales o relativas al cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal.
De aprobarse por la legislatura local, el siguiente paso es enviarla para su análisis al Congreso de la Unión como una aportación de Chihuahua para terminar con una mala práctica que afecta a miles de trabajadores que cuentan con vivienda otorgada por el INFONAVIT, y que por diversas razones han dejado de pagar sus mensualidades.
Lo que conocemos como Buró de Crédito, recordó, es una Sociedad de Información Crediticia, de ahi que solo las entidades Financieras, las empresas comerciales y las Sofomes, son quienes pueden usar el Buró de Crédito.
Este sistema de información se diseñó para el sector bancario y comercial y no para un ente público que garantiza el derecho humano a la vivienda, sostuvo Omar Bazán.
El incumplimiento en el pago del crédito debe regirse por la relación laboral y el contrato celebrado con INFONAVIT, sin que éste pueda aplicar como usuario la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, señaló el diputado Bazán Flores.
Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que el derecho a una vivienda adecuada, es inherente a la dignidad del ser humano, y elemental para contar con el disfrute de otros derechos fundamentales.
Los efectos del COVID-19 se traducen en la pérdida superior al millón de plazas laborales solo entre marzo y mayo, por lo que resulta un contrasentido que se boletinen como deudores incumplidos a quienes hayan perdido su empleo o por cualquier causa se ubiquen en cartera vencida, dijo por último Omar Bazán.
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