El Gobierno de Estados Unidos intensificó este miércoles su ofensiva financiera contra el narcotráfico mexicano al imponer sanciones a 12 personas y dos empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, acusadas de lavar recursos provenientes del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas mediante negocios en México y operaciones con criptomonedas.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, como parte de una investigación coordinada junto con la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) y autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Según el comunicado oficial, una de las estructuras criminales era encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como operador de la facción de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las autoridades estadounidenses lo señalan de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos derivadas de la venta de fentanilo y otras drogas, para posteriormente convertirlas en activos digitales y transferirlas al Cártel de Sinaloa.
La OFAC aseguró que Ojeda Avilés asumió el liderazgo financiero de la organización tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, alias “Kastor”, previamente sancionado por Washington en 2023 por operaciones similares de lavado mediante criptomonedas y transferencias bancarias.
Entre los sancionados también figura Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como operador financiero clave en transacciones con activos virtuales; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en tribunales estadounidenses de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, identificado como supuesto asesor de seguridad de la red.
Las autoridades estadounidenses también designaron a la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y al restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, por presuntamente funcionar como negocios fachada controlados mediante familiares y prestanombres de la organización criminal.
En la lista aparecen además Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como propietarias nominales de las empresas vinculadas al esquema de lavado.
La segunda red criminal sancionada estaría encabezada por Jesús González Peñuelas, identificado como líder de célula del Cártel de Sinaloa y acusado previamente en tribunales de California y Colorado por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. El Gobierno estadounidense mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Junto a él fueron sancionados Cástulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, acusados de utilizar empresas mexicanas para mover recursos ilícitos y coordinar cargamentos de narcóticos.
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes y activos de las personas y empresas designadas que se encuentren en territorio estadounidense quedaron bloqueados y deberán ser reportados a la OFAC. Asimismo, se prohíben las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro del sistema financiero de Estados Unidos con los sancionados.
La UIF confirmó que mantiene investigaciones abiertas contra las personas y entidades señaladas por Washington. En un comunicado, el organismo mexicano informó que realizó análisis fiscales, financieros y corporativos para detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y reforzar la cooperación bilateral contra el lavado de dinero.
El caso ha generado preocupación en el sistema financiero mexicano debido a la estrecha integración bancaria entre ambos países. Instituciones financieras, fintechs y casas de bolsa han fortalecido sus mecanismos de monitoreo y prevención de lavado ante el endurecimiento de las medidas estadounidenses.
La ofensiva ocurre además en un contexto de creciente tensión política entre México y Estados Unidos, tras recientes acusaciones desde Washington sobre presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y organizaciones criminales.
El Departamento del Tesoro subrayó que el combate financiero al narcotráfico se ha convertido en una prioridad estratégica, especialmente frente al tráfico de fentanilo, sustancia que la administración estadounidense considera una amenaza de seguridad nacional.
Como parte de esta estrategia, el presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva denominada Restoring Integrity to America’s Financial System, que instruye al Tesoro a reforzar los controles de debida diligencia y vigilancia sobre operaciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero, migración irregular y trata de personas.
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