México volvió a colocarse en el centro de un debate electoral que, paradójicamente, aún no tiene materia legislativa. Más de 600 figuras públicas —académicos, exconsejeros electorales, juristas, periodistas, activistas y exfuncionarios— firmaron un manifiesto que alerta sobre una inminente “regresión autoritaria” derivada de una reforma electoral que, al día de hoy, no existe en papel.
El Congreso no ha recibido iniciativa alguna y el Ejecutivo no ha presentado un solo artículo, un solo párrafo, un solo borrador.
El Frente Amplio Democrático decidió adelantarse. Y ese adelantamiento, legítimo como expresión cívica, también abre una pregunta incómoda: ¿se puede denunciar la erosión de la democracia antes de conocer el contenido de la reforma que supuestamente la amenaza?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido explícita en algo que el manifiesto prácticamente descarta: no tocará la autonomía del INE ni de los tribunales electorales. Lo ha dicho en entrevistas, conferencias y foros. Y, hasta ahora, no hay evidencia que contradiga esa afirmación.
Lo que sí ha adelantado son otros ejes, polémicos pero no necesariamente regresivos:
• Reducir el número de plurinominales.
• Obligar a quienes aspiren a cargos de representación proporcional a hacer campaña y acercarse al electorado.
• Recortar el costo de las campañas y del aparato electoral.
• Limitar el poder de las cúpulas partidistas en la designación de candidaturas, para que los plurinominales responsan a la base electoral no a las élites privilegiadas.
• Reforzar la vigilancia del financiamiento público para impedir la entrada de dinero ilícito.
Estos puntos no equivalen a capturar al árbitro electoral. Equivalen, más bien, a abrir un debate que México ha postergado durante años: el de la representación, el de los costos, el de la opacidad, el de la distancia entre partidos y ciudadanía.
Pero el Frente parte de otro diagnóstico: que cualquier reforma impulsada por una mayoría legislativa es, por definición, sospechosa. Que el riesgo no está en el contenido, sino en la correlación de fuerzas. Que la historia mexicana demuestra que las reformas electorales sin consenso suelen tener un destinatario: el poder mismo. Ahí está el choque de narrativas.
Un gobierno que promete austeridad, cercanía y vigilancia. Un frente que anticipa control, regresión y restauración del viejo régimen.
Y un país atrapado en un debate que todavía no tiene texto, pero sí tiene temores, memorias, desconfianzas acumuladas y mucha desinformación.
La responsabilidad del periodismo —y de cualquier observador serio— no es amplificar alarmas prematuras ni validar desmentidos automáticos. Es esperar el documento, analizarlo con rigor, contrastarlo con la Constitución, escuchar a especialistas y exigir congruencia a los actores políticos.
La democracia no se defiende con fe ciega ni con miedo anticipado. Se defiende con participación, vigilancia, con información y con debate público informado.
El manifiesto cierra con una frase contundente: “La historia nos observa. El silencio también es una forma de complicidad.”
Pero la historia también observa cuando se denuncia una amenaza antes de que exista un texto que la sustente. Y observa, sobre todo, si la sociedad es capaz de discutir una reforma electoral con cabeza fría, sin convertir la incertidumbre en profecía ni la promesa en garantía.
La verdadera prueba democrática aún no empieza. Comenzará el día en que la iniciativa llegue al Congreso. Ese día debe abrirse el debate con base en los contenidos de la reforma y un texto que deberá hacerse del conocimiento público, para que cualquier cambio o mejora se haga con el mayor respaldo y conocimiento de los electores para que nadie se diga sorprendido o engañado.
fuente// https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/03/politica/si-habra-reforma-electoral-la-enviaremos-este-mes-de-febrero-al-congreso-sheinbaum
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