En medio de una sequía histórica y tras años de tensiones diplomáticas, México y Estados Unidos anunciaron un nuevo acuerdo para la gestión del agua en la cuenca del río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944. Sin embargo, en Chihuahua —uno de los estados más afectados por la escasez hídrica— el pacto vuelve a encender preocupaciones por el impacto en presas estratégicas y en el sector agrícola.
El acuerdo compromete a México a continuar con la entrega anual de alrededor de 432 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos durante los próximos cinco años, además de establecer un plan para saldar un adeudo acumulado cercano a 1,000 millones de metros cúbicos del ciclo anterior. Washington sostiene que el objetivo es dar certidumbre a productores agrícolas del sur de Texas, altamente dependientes del caudal del río Bravo.
No obstante, el contexto en el norte de México es complejo. En Chihuahua, la sequía prolongada ha reducido drásticamente los niveles de presas clave como La Boquilla y El Granero, situación que ya provocó conflictos sociales y protestas durante el cierre del ciclo 2015-2020. Productores agrícolas han advertido que nuevas extracciones podrían comprometer el abasto local y la viabilidad del campo chihuahuense.
El Gobierno de México aseguró que el nuevo acuerdo prioriza el consumo humano y la producción agrícola nacional, y que se apega a los mecanismos del tratado internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que el plan técnico respeta la soberanía nacional y establece una ruta “clara y previsible” frente a la sequía extrema, incorporando infraestructura hidráulica y acciones de adaptación de largo plazo.
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, celebraron el acuerdo como una garantía de cumplimiento por parte de México. Rollins agradeció la colaboración del gobierno mexicano tras meses de presión política, incluida la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles si no se cumplían las entregas de agua.
El conflicto hídrico se intensificó luego de que Washington reclamara la entrega inmediata de 249 millones de metros cúbicos antes del cierre de enero, plazo que México no logró cumplir plenamente. Aunque el nuevo acuerdo contempla reuniones bilaterales mensuales para evitar futuros adeudos, no se ha detallado cuánto de la deuda previa ha sido ya cubierta ni cómo se evitará un impacto directo en entidades como Chihuahua.
Especialistas advierten que, aunque el acuerdo evita por ahora una escalada comercial, la sequía en el norte del país sigue sin resolverse, y Chihuahua continúa siendo uno de los puntos más sensibles del tratado. Para comunidades agrícolas del estado, el reto será equilibrar los compromisos internacionales con la supervivencia del campo y el derecho humano al agua.
Así, el Tratado de Aguas de 1944 —vigente desde hace más de ocho décadas— entra en una nueva etapa operativa, mientras Chihuahua permanece en el centro del debate nacional sobre cómo cumplir compromisos internacionales sin profundizar la crisis hídrica local.
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