El Gobierno de México presentó el Paquete Económico 2026, una propuesta de política orientada a garantizar programas de bienestar, salud, educación y vivienda social, al mismo tiempo que impulsa la inversión pública estratégica a través del Plan México, bajo una visión de desarrollo basada en el bienestar y el humanismo.
De acuerdo con la propuesta, la economía mexicana seguirá mostrando resiliencia gracias a la fortaleza del consumo interno, el incremento de la inversión nacional y la posición estratégica del país en las cadenas globales de valor. Para 2026 se estima un crecimiento del PIB en un rango de entre 1.8% y 2.8%.
El paquete establece que por tercer año consecutivo la recaudación tributaria alcanzará un máximo histórico de 15.1% del PIB, sin necesidad de crear nuevos impuestos generales. Estos ingresos permitirán financiar programas sociales y proyectos de infraestructura como trenes de pasajeros, nuevas carreteras, obras hídricas estratégicas y el programa de tecnificación del campo.
En materia social, se destinará 3% del PIB a programas de bienestar, con el objetivo de beneficiar de manera directa a 82% de las familias mexicanas. Entre ellos destaca la Pensión Mujeres Bienestar, que otorgará apoyo universal a mujeres de 60 a 64 años, en complemento a las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad.
El Paquete Económico también contempla un proceso gradual de reducción del déficit fiscal, con un nivel estimado de 4.1% del PIB en 2026, 1.6 puntos menos que en 2024, lo que permitirá mantener la deuda pública en una trayectoria estable equivalente a 52.3% del PIB. Asimismo, se plantean ajustes fiscales específicos: aranceles estratégicos a países sin acuerdos comerciales con México, impuestos a bebidas azucaradas y tabaco, y la creación de un impuesto especial a videojuegos con contenido violento.
Con estas medidas, el Gobierno Federal busca consolidar la estabilidad macroeconómica, generar empleos de calidad, modernizar la infraestructura y fortalecer el desarrollo regional, garantizando al mismo tiempo justicia social y sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
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