Chihuahua, Chih. – La empresa Lear Nova Zaragoza se encuentra en el ojo del huracán tras negarse a liquidar a Leticia Cisneros, una empleada que sufrió un accidente laboral hace dos años y quedó con una discapacidad permanente en el manguito rotador de su hombro. A pesar de su condición médica, la trabajadora continúa laborando bajo tareas operativas, a pesar de haber sido supervisora, y ha recibido varias cirugías que no han mejorado su estado.
La negativa de la empresa para liquidar a Cisneros se ha justificado argumentando que el porcentaje de pensión, que inicialmente fue del 15% y luego incrementó a un 23%, no es suficiente para otorgar su liquidación, lo cual contraviene los derechos laborales de los trabajadores en México. Según la ley, cualquier trabajador que sufra una incapacidad parcial o permanente tiene derecho a una indemnización y un tratamiento acorde a su condición médica. Sin embargo, Lear ha ignorado estas disposiciones.
«A pesar de su incapacidad, Leticia continúa trabajando con un cabestrillo, exponiendo su salud debido a la negligencia de la empresa y la falta de intervención del sindicato», denuncian familiares y compañeros. A pesar de los intentos de Cisneros por obtener su liquidación justa, la empresa se ha negado reiteradamente.
Las denuncias también señalan la falta de acción por parte del sindicato de Lear, que ha sido pasivo frente a este caso, dejando a la empleada desprotegida en un momento crítico.
Este tipo de prácticas representan una clara violación a los derechos laborales de los trabajadores en México, según lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que cualquier trabajador con una incapacidad permanente debe recibir el respaldo necesario de la empresa, así como un trato humano y una liquidación justa. La actitud evasiva de la empresa y la falta de protección sindical ponen en evidencia el manejo corrupto dentro de la misma.
El caso de Leticia Cisneros es un ejemplo claro de los abusos que, lamentablemente, aún persisten en ciertas industrias, y refuerza la urgencia de mayores protecciones laborales y un seguimiento efectivo por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y dignidad de los empleados en el país.
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