Por editor 3
El municipio de Chihuahua atraviesa una crisis de credibilidad sin precedentes, evidenciando la falta de compromiso real con el cuidado del agua y la protección ambiental. A pesar de los constantes discursos del gobierno municipal y del alcalde Marco Bonilla sobre su aparente preocupación por los recursos naturales, los hechos recientes revelan una red de irregularidades que benefician a desarrollos inmobiliarios a costa del bienestar de la población y la sostenibilidad del medio ambiente.
Uno de los ejemplos más claros es la situación en torno a la presa El Rejón, uno de los principales reservorios de agua en la ciudad. A pesar de su importancia estratégica, la presa ha sido víctima de una creciente urbanización a su alrededor, permitida de manera deliberada por las autoridades municipales. Lo más alarmante es que el propio alcalde Bonilla adquirió una vivienda de alto valor en las orillas del embalse, en un proceso que levanta sospechas por las irregularidades que lo rodean. Esta acción pone de manifiesto una alarmante falta de ética en la gestión pública y revela lo que muchos ya sospechan: el municipio de Chihuahua, bajo la administración del PAN, actúa en colusión con un «cártel inmobiliario».
Este «cártel», conformado por poderosos desarrolladores y respaldado por el gobierno municipal, ha recibido aprobaciones rápidas y sin supervisión adecuada para construir en áreas que deberían ser protegidas. A cambio, estas mismas inmobiliarias han brindado apoyo económico y logístico a las campañas políticas del PAN, creando un círculo de intereses privados que traiciona a la ciudadanía y compromete el medio ambiente.
Uno de los ejemplos más graves de esta dinámica es el caso de Monte Xenit, un desarrollo residencial de alto poder adquisitivo. Este complejo, construido en zonas con riesgos geológicos, presentó derrumbes significativos tras unas lluvias recientes, poniendo en peligro a los residentes. En lugar de asumir la responsabilidad y ordenar una investigación exhaustiva, el alcalde Bonilla y su administración han protegido deliberadamente a los responsables del proyecto, minimizando el problema y evitando medidas correctivas. Este escándalo se suma a una larga lista de actos que sugieren un pacto tácito entre el municipio y las inmobiliarias, donde la seguridad y el bienestar de los ciudadanos quedan en segundo plano frente a los intereses económicos de unos pocos.
La complicidad entre el gobierno local y los desarrolladores quedó aún más expuesta recientemente, cuando el Congreso del Estado de Chihuahua rechazó un exhorto para proteger el Cerro del Caballo, un área natural que la ciudadanía ha exigido conservar. La votación, en la que los diputados del PAN y del PRI votaron en bloque para bloquear la medida, dejó claro que la prioridad de estos partidos no está con el medio ambiente ni con la voluntad de los chihuahuenses, sino con los mismos grupos inmobiliarios que buscan explotar los cerros de la ciudad para sus proyectos privados.
Este comportamiento contradice la voluntad popular, expresada de manera abrumadora en una consulta pública donde más del 99% de los participantes votaron a favor de proteger el Cerro del Caballo. A pesar de este mandato claro, el gobierno municipal y los legisladores alineados con los intereses de las inmobiliarias continúan promoviendo un modelo de urbanización descontrolada, que pone en riesgo el futuro hídrico y ecológico de Chihuahua.
El mensaje es claro: mientras que el municipio utiliza una retórica de cuidado del medio ambiente y gestión responsable del agua, en la práctica está priorizando las ganancias privadas sobre los bienes comunes. Los ciudadanos de Chihuahua no solo están enfrentando una traición por parte de sus gobernantes, sino que también están viendo cómo los recursos vitales, como el agua, se degradan ante sus ojos sin que nadie asuma la responsabilidad.
La situación es insostenible. Si el gobierno de Marco Bonilla y el PAN no cambian de rumbo, el costo a largo plazo será incalculable. La urbanización descontrolada en torno a la presa El Rejón, los escándalos en Monte Xenit y la falta de protección de áreas naturales como el Cerro del Caballo, son solo la punta del iceberg de un problema mayor: la captura del poder público por intereses privados.
Es momento de que la ciudadanía de Chihuahua exija cuentas y demande un cambio de rumbo en la política local. El agua, los cerros y el medio ambiente no son mercancías para ser negociadas en mesas privadas; son bienes comunes que requieren una gestión responsable y transparente. Y esa es la gran lección que el gobierno municipal parece haber olvidado.
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