La reciente advertencia de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) sobre la reforma judicial impulsada por AMLO ha encendido un debate crucial. Si bien es fundamental garantizar la independencia judicial y el cumplimiento de los compromisos internacionales, la reacción de los jueces plantea interrogantes sobre su verdadera motivación.
En lugar de adaptarse a las nuevas realidades y necesidades de la sociedad, los magistrados parecen aferrarse a un sistema que muchos consideran obsoleto. Su insistencia en que la reforma compromete la capacidad de México para cumplir con el T-MEC suena más a una defensa del status quo que a una genuina preocupación por la justicia. ¿Realmente están defendiendo los intereses de la ciudadanía o, en cambio, protegiendo su propio poder y privilegios?
Además, su crítica a la elección de jueces por voto popular, que podría hacer el sistema más accesible y representativo, sugiere un temor a perder el control. En vez de ver esta reforma como una oportunidad para democratizar la justicia, la JUFED opta por posicionarse como guardianes de un sistema que, a menudo, ha estado lejos de ser transparente y equitativo.
La defensa de sus prerrogativas no debería eclipsar la necesidad de un sistema judicial que sirva realmente a la población. Si los jueces están tan preocupados por el futuro del Estado de derecho, deberían enfocarse en cómo mejorar el acceso a la justicia y erradicar la corrupción, en lugar de resistirse a un cambio que podría revitalizar el sistema.
La sociedad merece un sistema judicial que no solo sea independiente, sino que también sea sensible y efectivo. Es hora de que los jueces dejen de ver la reforma como una amenaza y la consideren como una oportunidad para construir una justicia más inclusiva y representativa. ¿Están listos para dar ese paso, o seguirán atrapados en su zona de confort? La respuesta podría determinar el futuro de la justicia en México.
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