La propaganda gubernamental y la difusión de los logros de gobierno deberá parar desde el 15 de julio y hasta el próximo 1 de agosto, que se realizará la consulta popular.
Esta veda, contrario a lo que comentan algunas personas en redes sociales, no fue dictaminada por el INE, sino que fue aprobada por el Congreso para establecerse en la Constitución.
Recordemos que el 1 de agosto se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo con establecer mecanismos para investigar decisiones políticas tomadas en el pasado
Sin embargo, la pregunta que aparecerá en la boleta no se refiere a exmandatarios, y expertos han señalado que el resultado de ninguna forma obligará a instancias de procuración de justicia a procesar, enjuiciar o encarcelar en automático a expresidentes.
La consejera electoral Dania Ravel Cueva dijo en entrevista con Expansión Política que “no se puede hacer en el periodo del 15 de julio hasta el 1 de agosto propaganda gubernamental, salvo las excepciones que establece el artículo 41 constitucional relativo a cuestiones de protección civil, educación y salud”.
La consejera explicó que incluso el presidente debe abstenerse de hablar del tema pues “a partir de ese momento empieza formalmente la difusión de la consulta popular por parte del INE, y nosotros seremos los únicos que podemos estar invitando a la ciudadanía a participar”.
Como ya lo mencionamos este plazo no fue algo que el INE implementará de forma arbitraria, sino que está establecido desde la Constitución en la Fracción VIII del artículo 35.
Dicho apartado recién se reformó en diciembre de 2019, ante lo cual en general la bancada de Morena se posicionó a favor.
“Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”, dice la Constitución.
El decreto de la consulta dice que la convocatoria de consulta popular “entrará en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el Instituto Nacional Electoral ejecute las acciones preparatorias necesarias para realizar la jornada de Consulta Popular”.
En la Constitución también se especifica que el INE es la única instancia a cargo de la difusión de las consultas y que su promoción deberá ser imparcial, sin estar “dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía”.
También detalla que ninguna otra persona o instancia “podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares”.
En este sentido, el INE aceptó el ofrecimiento del Gobierno de la Ciudad de México para utilizar los cerca de 2 mil espacios en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), así como en el mobiliario urbano, para difundir la consulta.
Estos espacios se suman a la campaña de difusión que el INE lleva a cabo a nivel nacional en medios masivos (radio y televisión), donde los spots se transmitirán durante los tiempos asignados al Instituto y a las autoridades electorales.
Justo un día después de que comenzara este periodo el presidente dijo desconocer de qué se trataba la veda, aunque pidió a su equipo que lo revisara.
Pero esto no significa que nadie supiera sobre esto, pues incluso en el Diario Oficial de la Federación se publicó hace unos días un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para dar respuesta a las solicitudes de 45 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que pidieron al INE se les permita seguir difundiendo algunos materiales, pese a las reglas de suspensión de propaganda gubernamental en el Proceso Consultivo 2021.
Por ejemplo, la Secretaría de Salud pidió que se le permitiera continuar con sus campañas “Vacunación contra COVID-19, versiones varias”, y “Alimentación saludable por amor a la vida”.
Desde mayo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitó que la campaña “Difusión de la Cultura y del Patrimonio Antropológico e Histórico” fuera vinculada con los conceptos de excepción a las reglas de suspensión de propaganda gubernamental.
La Secretaría de Marina también pidió que la campaña “Bicentenario de la Armada de México, versión: Búsqueda y rescate en la mar” se considere una excepción, al igual que la Lotería Nacional, quien solicitó seguir difundiendo promociones sobre sus próximos sorteos.
El INFONAVIT, la alcaldía de Tlalpan en Ciudad de México, los gobiernos de Veracruz, Oaxaca, Durango y Coahuila fueron otras de las instancias que pidieron se les permitiera continuar con la difusión de algunos materiales.
El periodo para recibir las solicitudes concluyó el pasado 15 de junio y el Consejo estableció 65 excepciones a las prohibiciones siempre y cuando: no incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni contengan logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus campañas institucionales.
fuente: https://www.animalpolitico.com/elsabueso/consulta-popular-veda-restricciones/
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